Crisis, corrupción y elecciones

 

Justo Fernández Rodríguez

 

Ante la crisis financiero-económica generalizada, las reuniones de diferentes organismos internacionales, las medidas de rescate adoptadas para proteger a los banqueros, responsables de la actual situación, y las promesas de reconducir y coordinar la actuación de la mayoría de los gobiernos no han podido evitar la caída de los mercados mundiales, el hundimiento de las Bolsas y la advertencia del Fondo Monetario Internacional de tiempos peores para los países emergentes. El Banco Mundial, organismo multilateral del crédito, que no pudo prever la crisis, nos anuncia que este año la economía mundial "se contraerá", por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.


La responsabilidades de los dirigentes, de una buena parte de la banca mundial, no ha quedado limitada al escándalo de las hipotecas subprime. Ahora, según un informe de la ONU, algunos bancos están utilizando el dinero procedente del tráfico de drogas y de otras actividades ilegales, blanqueándolo para aumentar su liquidez. Después de esta denuncia, la ONU tendría que señalar a las entidades financieras implicadas. En los últimos días, el Fondo Monetario Internacional ha anunciado que la previsión de crecimiento podría verse reducida, incluso adentrándose en valores negativos.


Cuando Barack Obama, enfrentándose a los grupos de presión, presentaba sus primeros presupuestos, con subida de los impuestos a los más ricos por primera vez en 16 años, priorizando una importante reforma de la sanidad y la educación, la economía de EE.UU., en el cuarto trimestre de 2008, ha sufrido una caída del 6,2%, en el umbral de la peor recesión desde la II Guerra Mundial. Es el mayor retroceso en 25 años, por el descenso del gasto de los consumidores, su principal motor económico. El paro alcanza el 8,1%, con 12,5 millones de desempleados, la cifra más alta desde que se realizan estas mediciones, en 1949. El lado positivo es que Obama ha dado un paso más en deshacer las nefastas consecuencias del Gobierno de Bush, anulando todas las instrucciones firmadas al margen de la ley sobre la utilización de la tortura y las escuchas ilegales, entre otras de dudosa legalidad.


En España, el desempleo continúa su escalada, sin que se haya logrado un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos. Los empresarios lo han hecho imposible al continuar con sus pretensiones, de reducir salarios, abaratar el despido, aumentar la precariedad laboral, condicionar el ámbito y competencia de la negociación colectiva y recurrir a los despidos colectivos sin necesidad de autorización oficial, con el apoyo de la FAES, el laboratorio ideológico del Partido Popular.


A esta campaña, en los últimos días, se ha sumado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los treinta países más desarrollados. En su informe, Objetivo crecimiento, recomienda a España que reduzca las indemnizaciones por despido en los contratos indefinidos e instaurar el contrato único, en el que la indemnización sea proporcional a la antigüedad del trabajador. El BBVA, banco donde su presidente tiene unos ingresos oficiales de 16,6 millones de euros anuales, anuncia la mayor caída del PIB desde 1939, un desempleo en 2010, de 4,5 millones de personas y un déficit público del 7,2%. La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) prevé una caída de la economía española y un aumento del paro. Lo que no explican es la responsabilidad del sistema financiero, del que forman parte bancos y cajas de ahorro, ni qué están haciendo para paliar la situación.


El Gobierno, pese al fracaso del diálogo social, tiene responsabilidades que no puede eludir. Por ello, ha eliminado los periodos de espera entre el fin de la prestación por desempleo y el cobro del subsidio asistencial; ha repuesto, con límites, las prestaciones por desempleo a los trabajadores a los que se les haya suspendido el contrato de trabajo por un expediente de regulación de empleo y se establece una bonificación para fomentar el empleo a tiempo parcial; medidas que, desde luego, sólo servirán para paliar algunas de las consecuencias negativas de la crisis.


CC.OO. considera que el alto volumen de despidos desmiente la rigidez del mercado laboral que denuncia la patronal. Las medidas del Gobierno no generarán empleo, pero garantizan la protección social. "Son medidas urgentes y necesarias para proteger a las personas con ERE y en situación de desempleo". UGT, al margen de negarse a la congelación salarial a los funcionarios, apuntada por el ministro Corbacho, considera que la mesa de negociación debería complementar las medidas aprobadas por el Gobierno. CC.OO. pide "establecer medidas que restituyan la solvencia del sistema financiero para que las empresas accedan al crédito, limitando el reparto de dividendos, para lograr la capitalización de las empresas".


En medio de la indecencia de una comisión de investigación, ya liquidada por Esperanza Aguirre, creada para tapar la trama de espionaje organizada en Madrid desde el Gobierno autónomo para vigilar, investigar y desacreditar a sus enemigos políticos dentro del PP, ha explotado el mayor escándalo político y económico de corrupción, denunciado por militantes del propio Partido Popular, que afecta a decenas de dirigentes políticos y cargos públicos bajos, medios y altos del Partido Popular de Madrid y Valencia, autonomías a la que puede añadirse Canarias. El sistema utilizado para defenderse de las denuncias investigadas, como ha ocurrido en Canarias, ha sido un brutal ataque a los jueces, fiscales y magistrados que intentan que la justicia se abra paso en la maraña de corrupción generalizada desarrollada por el PP, intentando reivindicar un espacio de impunidad ante la actuación de la Justicia.


Los resultados electorales de Galicia, con triunfo del PP, en medio de los escándalos de espionaje y corrupción que afectan a este partido, sólo pueden explicarse desde una perspectiva de encanallamiento de sectores importantes de la sociedad. Ejemplos sobran, pero el caso más sorprendente está en Castellón. Carlos Fabra, presidente de la Diputación, ha ganado varias elecciones, mientras permanece imputado de nueve delitos sin juzgar, entre los que figuran cohecho y prevaricación, porque han dimitido siete jueces y cinco fiscales para no afrontar el juicio. La inmoralidad de los dirigentes del PP no tiene límites. Acusaban a Pérez Touriño de haberse comprado un coche caro, cuando era más barato que los utilizados por Ruiz-Gallardón o Rita Barberá. Fraga compró dos Audi blindados, por los que el Gobierno gallego gastó casi 600.000 euros.


Igualmente, me resultó repugnante la estampa de un grupo de ciudadanos aplaudiendo al alcalde socialista de Alcaudín, cuando salía de los juzgados acusado de beneficiarse de la corrupción urbanística. Ha sido expulsado del PSOE, lo que evidencia una diferente forma de abordar los casos de corrupción con el PP.

Fernando
Jiménez, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense y profesor en la Universidad de Murcia, considera que "la corrupción no implica una derrota electoral. Los ciudadanos no se escandalizan mucho porque creen que es la forma de hacer política". La indignidad, el consentimiento, la estupidez y la esperanza de verse beneficiados son pecados ciudadanos que garantiza la permanencia de la corrupción y justifican la ofensiva contra la justicia de los corruptos y sus cómplices.