Santa Cruz desordenadamente expoliada
Odalys
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En Santa Cruz de Tenerife
hemos sufrido una serie de catástrofes naturales tales como una riada en el año
2002 o como una tormenta tropical (Delta) en el año 2005, pero jamás pensamos
que nuestros gestores públicos "arrasarían" nuestro municipio con más
virulencia que estas catástrofes naturales.
Estábamos digiriendo
el llamado "caso de Las Teresitas", que nos ha colocado en los
primeros puestos en el ranking de la corrupción, donde los terrenos en torno a
esa playa han sido expropiados, recalificados y vueltos a vender. A raíz de esa
operación, el actual alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo,
ha sido en el año 2007 imputado formalmente por el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (TSJC) de los delitos de
prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho. El Tribunal Supremo
ha anulado la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas
por ser "contraria al ordenamiento jurídico" y a fecha de hoy la
sentencia sigue sin cumplirse por "maniobras dilatorias" emprendidas
tanto por los vendedores como por el ayuntamiento. La Intervención General de
la Administración del Estado, en un informe, ha calificado esta operación como
"pelotazo de libro".
No contentos con estas
y otras operaciones similares, que ya constan en la Fiscalía Anticorrupción,
nuestros gobernantes pretenden aprobar un Plan General que nos ha costado a los
santacruceros la nada desdeñable cantidad de mil millones de pesetas (seis
millones de euros) y que deja fuera de ordenación a más de 40.000 viviendas con
el único fin de desplazar los aprovechamientos urbanísticos hacia las parcelas
en las que algunos empresarios afortunados van a elevar, a pocos metros de las
fincas dejadas fuera de ordenamiento, torres de hasta doce alturas. Curiosa
coincidencia que los nombres de los empresarios afortunados sean algunos de los
que figuran imputados en casos de corrupción o hayan sido o sean altos cargos
políticos de los partidos que llevan treinta años gobernado en estas Islas. La concejal de Urbanismo ha mentido a los santacruceros al
decir que los inmuebles considerados fuera de ordenación no suponen una carga
ni merman los derechos de los propietarios. Tanto el Colegio Oficial de Agentes
de la Propiedad como Ausbanc han confirmado que la
catalogación de una vivienda como fuera de ordenación implica, en la inmensa
mayoría de los casos, que ésta pierde valor. Aseguran que estar fuera de
ordenación implica una afección que restringe las expectativas de
revalorización de las edificaciones que en una situación normal tiene cualquier
edificación. Pero es más, el propio secretario del Ayuntamiento escribió siendo
jefe de los Servicios Jurídicos un capítulo en un manual para opositores a la
administración pública canaria titulado "Veinte años de derecho
urbanístico canario" en el que dice que "no cabe duda de que la
aplicación del régimen fuera de ordenación supone importantes limitaciones del
contenido de derecho de propiedad que puede facultar, incluso a la
administración urbanística, para expropiar o demoler las viviendas afectadas".
Esto es síntoma inequívoco de que se trata de una trama perfectamente
orquestada y que al igual que en Las Teresitas el alcalde es el
"colaborador necesario" para menoscabar los derechos y las ilusiones
de los santacruceros expoliando sus propiedades.
Aquellos vecinos
alertados por la Plataforma Ciudadana de la inminente tropelía acudimos a los
dos últimos plenos para defender nuestros derechos y, con sorpresa, vimos cómo
el alcalde ordenaba cerrar las puertas del ayuntamiento. Hemos sufrido la
prepotencia de un alcalde que no quiere escuchar a los vecinos y amenaza con
aprobar un plan cuyas nefastas consecuencias aún ni siquiera hemos podido
valorar.
Ante esto, el pueblo
de Santa Cruz, que siempre se ha caracterizado por ser un pueblo resignado,
prueba de ello es la conformidad, tolerancia y paciencia con que ha soportado
"esta democracia", ahora parece que empieza a rebelarse y ha
convocado a los vecinos para defenderse del peligro que supone para ellos los
actuales gobernantes en el pleno que a tal efecto se celebrará el 4 de enero,
presumiblemente a las 10 horas.
Publicado en el periódico El Día, 2-1-2010