JUSTICIA Y SOCIEDAD LLEVA LAS FACTURAS DEL PP A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Justicia y Sociedad denuncia el “Caso Facturas del PP”

ante la Fiscalía Anticorrupción

En el presente caso, el núcleo de la conducta penalmente relevante reside NO en haber ingresado las subvención del grupo municipal en el partido político sino en los medios, las formas y los modos en que se trató de aparentar fraudulentamente la regularidad en el gasto realizado con la intención de engañar y burlar a los órganos de fiscalización interna del Ayuntamiento.

Es por ello que los hechos referidos indiciariamente podrían constituir, de entenderse que los gastos justificados eran reales (algo que han desmentido los dirigentes del partido implicado ya señalado) podríamos estar hablando de una malversación de caudales del artículo 433 del Código Penal. Si como han reconocido se presentaron facturas justificativas de gastos distintos de los realmente realizados como modalidad fraudulenta, podríamos estar ante una infracción del artículo 438 y/o delito de falsificación en documental del artículo

390.1 4º del Código Penal.

Para “Justicia y Sociedad” las conductas descritas se producen en el contexto de un Ayuntamiento “marbellizado” como el de Santa Cruz de Tenerife con un alcalde y concejales altamente “competitivos” a la hora de generar imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, siendo uno de las capitales del Estado con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas en casos de grave corrupción: caso las Teresitas(con plusvalías en torno a 120 millones de euros e imputado el Alcalde, varios concejales, técnicos y empresarios favorecidos), caso Forum Filatélico en su trama canaria (con imputación del Alcalde por supuestamente haber podido recibir un soborno de 3 millones de euros destinado a la financiación ilegal de Coalición Canaria), caso Mamotreto, caso Parque Marítimo y ocio nocturno, caso Centro Canario Nacionalista-CCN (por financiación ilegal), caso Lerena, o en proceso de investigación (caso García Cabrera con una afectación al erario público de unos 6 millones de euros, etc.). No es de extrañar, por tanto, que el alcalde y varios concejales de esta ciudad sean conocidos habituales de la Fiscalía Anticorrupción.