Los tesoros submarinos del mar al oeste de Canarias

Al oeste de las Islas Canarias, más allá de las doscientas millas marinas que corresponden al límite jurisdiccional español, se extiende una vasta extensión de tierra sumergida sin dueño, cuyos fondos podrían albergar importantes recursos naturales. La probabilidad de que existan bolsas de hidrocarburos o yacimientos aprovechables para la minería no es una cuestión menor, y España ya ha dado los primeros pasos para asegurarse la soberanía de estos tesoros sumergidos.

Amparándose en lo dispuesto en el artículo 76 de la Convención sobre el Derecho del Mar, y tras realizar unos estudios científicos y técnicos preliminares, el Ministerio de Exteriores registró el pasado 11 de mayo en las Naciones Unidas una petición verbal para aumentar el límite exterior de su plataforma continental al oeste de Canarias, fijándola hasta las 350 millas marinas contadas desde las líneas de base de costa -o sea, unos 500 kilómetros mar adentro-.

El objetivo es adherir al territorio español de un área de suelo oceánico de 206.000 kilómetros cuadrados de extensión. España pasaría, por tanto, a tener derechos de soberanía sobre estos fondos y sobre sus recursos naturales. Hasta la fecha, el Gobierno no ha desvelado nada al respecto, sin embargo, su valor es bien conocido en el Instituto Geológico y Minero Español (IGME). El investigador del IGME Luis Somoza revela algunas claves: "La composición mineral del suelo oceánico englobado en las primeras 200 millas , por su proximidad a las Islas, presenta una naturaleza volcánica, y no alberga reservas minerales ni yacimientos fósiles. Sin embargo, los fondos en el área de ampliación, sobre todo en las cuencas abisales más profundas de entre dos mil y tres mil metros, presentan una composición sedimentaria, y ahí es muy probable que existan bolsas de gas o nódulos polimetálicos de los cuales extraer recursos para minería".

Somoza, que dirigió los trabajos de exploración del buque Hespérides que dieron origen a los informes preliminares presentados ante las Naciones Unidas, hace hincapié en que el suelo atlántico reclamado por España puede albergar algunas "sorpresas", como barcos hundidos u otros pecios. Estos otros tesoros hundidos, por el hecho de estar en el fondos oceánicos, pasarían a ser propiedad del Estado español en caso de que la ONU acepte la petición de ampliación.

Soberanía

Sin embargo, la delimitación de la plataforma continental al oeste de Canarias tiene una segunda consecuencia, que sería de vital importancia para las relaciones exteriores españolas: sentaría el precedente jurídico, sustentado en las bases científicas necesarias, para inclinar la balanza a favor del país en el conflicto por la delimitación de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el ámbito de Canarias.

España tiene varios conflictos abiertos y sin visos de solución en el ámbito de Canarias, al norte con Portugal por las Islas Salvajes y al este con Marruecos, por la mediana que separa las aguas entre ambos reinos. El derecho internacional del mar establece que, en estos casos, los países deben ponerse de acuerdo, algo que no se ha producido en décadas.

La mediana

La línea divisoria entre el Archipiélago canario y la zona bajo soberanía del país africano genera gran controversia, dado que ambos países insisten en proponer una interpretación interesada del tratado que rige el Derecho Internacional del Mar a fin de arañar varias millas para su territorio. España se apoya en normas que estipulan que se debe fijar una distancia semejante entre las dos costas cuando existe una separación inferior a los 720 kilómetros -Canarias y Marruecos están separados por unos 108 kilómetros-. Por su parte, Rabat opina que su plataforma continental se extiende mucho más allá de esa mediana, en tanto que sería una prolongación de su territorio bajo el mar.

Al norte de las Islas Canarias están las Islas Salvajes, tres islas y una docena de islotes que mantienen España y Portugal en un litigio abierto desde hace décadas, ya que de ellas dependen los derechos de explotación económica de varios miles de kilómetros cuadrados.

España y Portugal se disputaron la soberanía de las islas hasta 1997, cuando España admitió los derechos en superficie de Lisboa. La renuncia no cerró el litigio y la discrepancia radica en si las Salvajes son islas habitadas o meros islotes. Los tratados dicen que cualquier pedazo de tierra da derecho a su Gobierno a gestionar como le plazca las primeras 12 millas de mar que lo rodean. Si además este territorio tiene población fija y actividad económica, el Gobierno también tiene derecho a explotar económicamente (pesca, recursos minerales...) las 200 millas marítimas conocidas como la ZEE. Cuando entre dos países no hay mar suficiente para dos ZEE, la frontera marítima debe trazarse sobre la línea equidistante.

En 2001, el Ejecutivo español, presidido por José María Aznar, aprobó un permiso de prospección petrolífera a la firma Repsol-YPF en las inmediaciones del Archipiélago. El beneplácito gubernamental permitía a la compañía iniciar prospecciones durante un periodo de seis años en un área de 600 kilómetros cuadrados, situada a 9,8 kilómetros de la costa de Fuerteventura y a 19,6 kilómetros de Lanzarote. No obstante, las prospecciones nunca comenzaron. El Tribunal Supremo decidió que dicho permiso no respetaba las normas medioambientales pertinentes y el proyecto fue paralizado, aunque también es cierto que el Reino de Marruecos realizó esos días una protesta, al entender que la concesión a Repsol suponía la delimitación unilateral por parte de España de la mediana que separa las aguas de ambos países. El principal interés está centrado en dos formaciones que se encuentran casi sobre la mediana. Son dos diapiros, unas estructuras de composición salina de 400 metros de altura, de los que se podría extraer mil millones de barriles de crudo.

Los datos e información disponibles en la actualidad demuestran que existe potencial para extender los límites exteriores de la plataforma continental española al oeste de las Islas Canarias, tanto mediante la aplicación de la fórmula de Gardiner como la de Hedberg. En las conclusiones del informe presentado por España ante las Naciones Unidas el 13 de mayo pasado se certifica que la prueba de pertenencia quedaría satisfecha y, por tanto, España estaría en posición de aplicar el rango total de disposiciones contenidas en la Convención de Derechos del Mar para determinar los límites exteriores de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas. / DA

El investigador del Instituto Geológico y Minero de España Luis Somoza, a su vez coordinador científico del proyecto de ampliación de la plataforma continental española y asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores en estas materias, llama la atención sobre el interés concreto de la ampliación del "área canaria". "El Gobierno español tiene que poner toda la carne en el asador, porque es un asunto de máxima prioridad para el país", añade.

Cinco años es el plazo que ha fijado las Naciones Unidas a España para que elabore los informes técnicos y científicos pertinentes. En este plazo, el Instituto Geológico y Minero pretende terminar el levantamiento batimétrico multihaz contemplado en el plan cartográfico de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) española para la ubicación de los puntos del pie del talud canario. Asimismo, desarrollará una campaña de geofísica para la ubicación de los puntos del 1% de sedimentos.

Luis Somoza considera que para la consecución de los trabajos se requiere todos los medios tecnológicos que estén al alcance del Estado español, entre ellos los dos buques de investigación oceanográfica: el Hespérides y el Sarmiento de Gamboa. La explicación dada es que el área de investigación es de nada menos 206.000 kilómetros cuadrados, desde luego infinitamente más extensa que los trabajos también realizados por el IGME en el mar Cantábrico o en el área de Galicia.

En este sentido, el investigador considera que los recortes presupuestarios del Gobierno español para 2010 en el área de Investigación y Desarrollo dificulta la tarea y lanza un mensaje al Ejecutivo central para que sitúe esta investigación en un lugar prioritario en su agenda de trabajo.

Incluso, Somoza va aún más allá, y considera fundamental la coordinación de esfuerzos de los tres ministerios implicados en el asunto, Ciencia e Innovación, Exteriores y Defensa.

Por último, Luis Somoza recuerda que el proyecto de ampliación de la plataforma española tiene otras dos vertientes en Galicia y el mar Cantábrico. "El objetivo es alcanzar la ampliación de más de 330.000 kilómetros cuadrados de nueva plataforma continental", tal como detacó esta semana en un simposio sectorial en Oviedo, lo que implicaría más de la mitad de la extensión de la España emergida, incluyendo Baleares y Canarias. Hasta ahora, las Naciones Unidas han reconocido los 78.000 km2 con nuevos límites en el Cantábrico, a lo que se suman los 50.000 km2 en Galicia -investigaciones finalizadas- y los 200.000 km2 de Canarias, dentro de cinco años.

De acuerdo a la ley de hidrocarburos estatal, el desarrollo energético y la explotación de los yacimientos corresponde a las comunidades autónomas. Por lo tanto, los recursos naturales que pudiera haber en el área de ampliación de la plataforma continental española al oeste de Canarias -206.000 kilómetros cuadrados que España ha reclamado ante las Naciones Unidas- serían competencia de Canarias.

Así lo entiende el profesor de Derecho Constitucional y secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos Rull (CC), quien destacó que el Gobierno canario podrá reclamar, llegado el momento, la soberanía sobre las riquezas ocultas en el fondo oceánico.

Ríos recordó incluso que el Tribunal Constitucional ya se ha proclamado de forma favorable en litigios sobre casos parecidos, como en Galicia y los derechos de marisqueo y acuicultura; y añadió que en el propio Estatuto de Autonomía de Canarias se establece de igual forma al respecto. Asimismo, el dirigente nacionalista adelantó que en la propuesta de reforma del Estatuto de Canarias que se encuentra actualmente en fase de redacción se establecerá aún con mayor claridad la competencia de la región sobre la explotación de hidrocarburos "tanto en tierra como en el mar, que es el área que plantea mayor controversia".

Fernando Ríos destacó que los fondos marinos al oeste de Canarias, prácticamente desconocidos debido a su profundidad, presentan unas "perspectivas bárbaras" en cuanto a la explotación de sus recursos naturales, que además de las bolsas de gas y los nódulos polimetálicos previstos por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), también se podrían extender -añadió- a beneficios pesqueros como bancos de gambas y langostinos.

Territorios sumergidos

Amparándose en lo dispuesto en el artículo 76 de la Convención sobre el Derecho del Mar, y tras realizar unos estudios científicos y técnicos preliminares, el Ministerio de Exteriores del Estado español registró el pasado 11 de mayo en las Naciones Unidas una petición verbal para aumentar el límite exterior de su plataforma continental al oeste de Canarias, fijándola hasta las 350 millas marinas contadas desde las líneas de base de costa -o sea, unos 500 kilómetros mar adentro-. Esto supondría para el país asegurar los derechos de soberanía en un área atlántica de 206.000 kilómetros cuadrados. España tiene cinco años de plazo para presentar los informes científicos y técnicos pertinentes.