elmundo.es, 2-8-2005

Desde hace unas semanas, los medios de comunicación españoles nos brindan con asiduidad noticias y comentarios que ponen de relieve el interés que la opinión pública española muestra sobre el problema del Sáhara Occidental y los sentimientos intensamente cordiales que la mayoría de los españoles tienen hacia el pueblo saharaui. Si sus orígenes están enraizados en la memoria de nuestra presencia en el territorio del Sáhara Occidental, que generó lazos de simpatía mutua a pesar de su carácter colonial, la pulsión solidaria de los españoles hacia los saharauis se alimenta, en buena medida, del recuerdo colectivo de la precipitada y confusa salida de España del territorio, en un momento histórico de gran incertidumbre, en vísperas del inicio de nuestra transición política.

Desde aquellos años, la diplomacia española -no podía ser de otra manera- ha participado ampliamente de esa empatía, que inspiró el quehacer de las sucesivas generaciones de profesionales. Algunos de ellos ejercieron una influencia más cualificada en la definición y ejecución de la política exterior española, desde la veterana Dirección General de Africa, o las Embajadas españolas en el vecindario magrebí, por no hablar de nuestra Misión Permanente en Nueva York.

Desde aquí deseo trasladar mi vivo reconocimiento a los meritorios desvelos de estos diplomáticos españoles, a menudo a contracorriente de las tendencias y sensibilidades prevalecientes en nuestro entorno occidental, que diseñaron y defendieron con ahínco una acción exterior que acertadamente concilió la defensa de las posiciones e intereses globales y regionales de nuestro país con una política de proximidad y solidaridad hacia los saharauis.

Siguiendo el camino trazado por aquellos maestros que guiaron mis inicios en el oficio, he tenido la fortuna y el privilegio de poder dedicar una parte sustancial de mi vida profesional a la causa de la amistad entre España y los países y pueblos hermanos del Magreb. Durante largos años, participé con gran ilusión en la tarea colectiva de construir una relación sofisticada y moderna con esta región tan estratégica para España. En este proyecto global siempre tuvo gran relevancia la defensa de los derechos del pueblo saharaui, así como la voluntad de reforzar y diseñar una política de amistad y buena vecindad con Marruecos, que se plasmó en el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad con el reino alauí.

Teniendo en cuenta lo que antecede, ¿puede alguien pensar que en el ejercicio de mi responsabilidad ministerial actual, colofón de muchos años de trayectoria profesional rectilínea, tenga la menor intención de departir de mis convicciones firmes sobre los derechos de los saharauis y los lazos profundos que deben unirnos a ellos, al tiempo de preservar lazos privilegiados con Marruecos? Y sin embargo, es perceptible un intento de confundir a la opinión pública al respecto, tratando de capitalizar pro domo la simpatía general de los españoles por la causa saharaui.

Ciertamente, cada cual tiene el derecho de expresar su opinión crítica, pero menos legítimo es presentar, como se viene haciendo con frecuencia, de manera deformada la política del Gobierno español y del Ministerio que dirijo en relación al asunto del Sáhara Occidental. Permítaseme, desde la misma libertad, reiterar los parámetros básicos de la política española actual sobre el Sáhara, que tratan de conjugar lo mucho y bueno que hemos heredado de la política exterior de los sucesivos gobiernos de la democracia española con la necesidad de resolver adecuadamente los retos del presente y del futuro en el Sáhara y en el Magreb, que son una componente estratégica de nuestra política exterior y, sin duda, un mandato de gobierno recibido de los españoles.

Entre los elementos heredados de las políticas del pasado está la noble idea-siempre vigente- de la defensa de los derechos del pueblo saharaui.

Uno de los clichés que se vienen difundiendo últimamente sería una supuesta insuficiencia o tibieza en la manera en que el Gobierno español protege estos derechos. Esta tesis no se compadece con la verdad. Mi respuesta es invariable: la defensa de esos derechos es un objetivo claro de nuestra política exterior y se viene ejerciendo día a día, con gestiones permanentes.

Al mismo tiempo, deseo enfatizar que la defensa de los derechos del pueblo saharaui, incluido el de autodeterminación, no es disociable de la búsqueda de una solución justa y definitiva al conflicto del Sáhara Occidental. En otras palabras, no se combate una enfermedad eliminando únicamente los síntomas. Estos se deben paliar para evitar sufrimientos, pero un buen médico siempre deberá identificar y actuar sobre las causas de la enfermedad para lograr la curación. En el momento actual del Sáhara, las tensiones en el territorio y el incremento del tono reivindicatorio general -los síntomas- tienen mucho que ver con el hecho de que hace algo más de un año, coincidiendo con la dimisión del Enviado Personal del SGNU, James Baker, dejaron de vislumbrarse en el horizonte político las perspectivas de solución del conflicto que existían cuando había un plan de arreglo en fase de ejecución. La ausencia de una dinámica de paz genera lógicas frustraciones y remueve las arenas de la discordia.

El Gobierno español ha trasladado con claridad a Marruecos, al Frente Polisario y a todos los actores relevantes la importancia del respeto de los Derechos Humanos de los saharauis y la conveniencia de asegurar un acceso transparente y libre de informadores y observadores al territorio, sin perjuicio de las responsabilidades que competen a la MINURSO, cuyo papel debería ser realzado al respecto. Hemos planteado, por vez primera, que pueda visitar el territorio una misión parlamentaria española abierta a todas las fuerzas políticas y con libertad de movimientos, que confío pueda llevarse a efecto. Sin embargo, siendo importantes y necesarios estos elementos paliativos de la sintomatología, más decisivo aún -precisamente para garantizar mejor los derechos de los saharauis- es identificar las claves ocultas del estancamiento político del conflicto, para proceder a continuación a intentar revitalizar y viabilizar el plan de arreglo en el marco de Naciones Unidas.

Si volvemos atrás la mirada, 30 años de desvelos internacionales a favor de una solución justa y definitiva al conflicto, a la postre infructuosos, permiten arrojar luz sobre algunas de esas claves. Telegráficamente, las resumiría de la forma que sigue: se han consolidado dos visiones aparentemente irreconciliables de las Partes sobre el futuro del Sáhara. El Consejo de Seguridad ha definido un plan de arreglo, de contenido variable en versiones sucesivas, que debería concluir con un referéndum de autodeterminación.El plan no se ha llevado a la práctica por las desavenencias entre las partes. El Consejo de Seguridad no ha tenido hasta ahora -y no es previsible que tenga-la voluntad política de imponer coercitivamente cualquier fórmula de arreglo. Solamente podrá prosperar una fórmula que, respetuosa de la legalidad internacional, sea mutuamente aceptable para las partes reconocidas como tales por Naciones Unidas (el Frente Polisario y Marruecos).

El impasse consolidado tiene múltiples efectos negativos, que sufrimos todos: los saharauis, con el dolor del exilio y el sufrimiento humanitario; los marroquíes, faltos del sosiego necesario para llevar adelante su proyecto nacional; los magrebíes, que ven aplazado sine die su vital proyecto integrador; y los españoles y europeos, que padecemos las consecuencias de la inestabilidad magrebí. Frente a estas realidades -no hay otras pero muchos no las saben o quieren ver-se debe definir la política española sobre el Sáhara. Algunas voces añoran la vieja política declarativa que consistía nada más que en reiterar rutinariamente nuestro apego a una solución justa, duradera y respetuosa de la legalidad internacional, representada en las resoluciones de Naciones Unidas.

Esta «neutralidad pasiva», que se completaba con una serie de ayudas para atender a las necesidades humanitarias de la población saharaui, recibía el beneplácito general de la clase política y sociedad civil.A esta política, lo digo bien claro, no le sobra nada. No hay por qué eliminar ninguna de estas premisas, que siguen siendo válidas. Pero es necesario ir más allá, partiendo del reconocimiento de que, a la hora de la verdad, de poco ha servido para acercarnos a la solución del conflicto.

Partiendo de este análisis, el Gobierno español y el Departamento que dirijo han adoptado una actitud de compromiso activo que pretende ante todo sacar el proceso internacional de arreglo del Sáhara de su estancamiento actual, movilizando a todos los actores relevantes y a las Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones que estén en plena conformidad con la legalidad internacional.

Me gustaría que los saharauis y la opinión pública española valoren positivamente el hecho de que ningún Gobierno español en las últimas décadas ha implicado más activamente por el pueblo saharaui, a pesar de que habría sido más cómodo limitarse a seguir con la rutina de votar cada equis meses en Naciones Unidas. Este ha sido el primer Gobierno español que envía a sus miembros -cuatro veces en un año- a visitar Tinduf para conocer de cerca la situación en los campamentos de refugiados y dialogar con los líderes del movimiento independentista. La AECI ha incrementado de forma significativa los fondos y programas oficiales de ayuda humanitaria y España ha recabado igual actitud de la UE.

Hemos trabajado activamente para mejorar la comprensión por parte de otros países de las circunstancias y aspiraciones de los saharauis, centrándonos en los que tienen mayor capacidad de influencia por su vecindad, peso político o pertenencia al Consejo de Seguridad.Personalmente, me he implicado a fondo cerca del secretario general para que Naciones Unidas ejerza con vigor sus responsabilidades en el proceso de arreglo del contencioso. Como resultado, Kofi Annan acaba de nombrar al Embajador Pieter Van Walsum como su Enviado Personal con un claro mandato de obrar a favor de la reanudación del proceso de arreglo.Se abre así una nueva dinámica política en la que deberían implicarse resueltamente todos los actores.

Por ese camino, y no otro, debemos transitar. Algunos detractores de la política española sobre el Sáhara parecen apostar por una crisis profunda de las relaciones hispano marroquíes. Sin entrar a considerar en estas líneas la irresponsabilidad de quienes no comprenden la necesidad objetiva de mantener relaciones cordiales de amistad y cooperación con el Gobierno del país vecino, por razones de interés nacional evidente, quiero subrayar que todas las acciones que ilustran el actual compromiso activo de España no se han traducido en una merma de nuestros principios históricos ni una ruptura o crisis política con Marruecos, país que las Naciones Unidas reconocen como parte legítima y cuya colaboración, junto a la del Frente Polisario, es necesaria para una solución.

Otra de las tesis más o menos explícita de los detractores de la política actual de España pretende poner a nuestro país en cabeza de una campaña internacional a favor de la independencia del Sáhara. Esta posición no es sostenible. España no puede tomar partido -ningún Gobierno español lo ha hecho- por una opción concreta de las varias teóricamente resultantes del ejercicio del derecho de autodeterminación, pues ello equivaldría a prejuzgar y vaciar de contenido el referéndum. Por lo demás, está muy equivocado quien crea que con ello se iba a solucionar el conflicto. La llave de la solución definitiva no la tiene España, sino las partes asistidas por Naciones Unidas.

Trabajemos todos para lograr que estos actores asuman sus responsabilidades y encuentren el camino de la paz, examinando de forma constructiva y con ánimo de definir las vías más aptas para encarrilar el proceso de arreglo hacia su anhelada solución definitiva. Solamente así se logrará la plena salvaguardia de los derechos de los saharauis, quienes podrán vivir en paz entre sí y con los marroquíes, en su hermosa tierra del Sáhara Occidental.