Año tras año, la política impulsada por la Unión Europea supone la progresiva destrucción de los derechos sociales, de los servicios públicos y de las libertades democráticas. Todo el derecho comunitario se mueve en la línea de asegurar la libertad de acción de las grandes corporaciones y consolidar el capitalismo. El Tratado Constitucional Europeo eleva al máximo nivel jurídico esas políticas, por lo que es una amenaza frontal contra los derechos de los trabajadores, las libertades democráticas y la soberanía de las naciones. Y consolida el carácter expansionista y depredador de la Unión Europea. Por eso decimos:

NO a la llamada "Constitución Europea" porque es, en realidad, un tratado síntesis que institucionaliza y refuerza el sistema capitalista neoliberal, contrario a los intereses de la mayoría de la ciudadanía y de los pueblos de Europa así como de las colonias dependientes de Estados europeos.

NO porque para el futuro de Canarias supone un grave encorsetamiento ya que, no sólo no reconoce el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos bajo soberanía europea, sino que constitucionaliza la "integridad territorial" de cada Estado.

NO porque la Convención que redactó este Tratado no ha sido elegida por los ciudadanos. Los pueblos de la Unión Europea se han visto privados de poder participar y hacer oír sus propuestas. La principal característica de una Asamblea constituyente, su carácter democrático y participativo, ha sido escamoteada por la burocracia comunitaria. Esto es: se ha suplantado el poder constituyente por el poder constituido.

NO porque es un tratado no democrático. No establece una verdadera división de poderes dentro de la nueva arquitectura institucional. El entramado burocrático comunitario sigue siendo el verdadero poder, sin un gobierno elegido parlamentariamente, y en el que el Parlamento Europeo seguirá siendo una cámara sin control efectivo sobre los verdaderos centros de decisión (la Comisión, el Banco Central Europeo, etc.).

NO porque se trata de una "Constitución" blindada, ya que su reforma exige la práctica unanimidad de los gobiernos de los Estados miembros, haciendo imposible, de hecho, cualquier intento de reforma en un sentido democrático y social. Es absolutamente falso que este sea un "primer paso" mejorable en el futuro. Se crea así una situación en la que la decisión sobre aspectos importantes de la vida de los ciudadanos, tales como la producción, el empleo y la defensa, pasan a depender de órganos supranacionales de carácter escasamente democrático y más alejados aún, si cabe, del control social.

NO porque este Tratado Constitucional, elaborado por las élites de poder europeas, impone un modelo que subordina toda política social a la ortodoxia económica neoliberal. E impide cualquier restricción al libre movimiento de capitales, que sería decisivo para el desarrollo autocentrado de Canarias. Consagrando, además, una estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos.

NO porque identifica democracia con capitalismo, reduciendo todas las libertades a la libertad de mercado y de sus operadores, las grandes corporaciones, reduciendo el papel de los ciudadanos a la de simples consumidores, espectadores incapaces de conducir su propia historia

NO porque no reconoce el derecho al trabajo, ni a un salario justo, ni la protección frente al desempleo, ni una pensión de vejez o viudedad, consagrando en cambio la "flexibilización" del mercado de trabajo, en definitiva, constituye la consagración de un modelo económico fundamentado en la explotación capitalista y en las tesis neoliberales de los gurús de la globalización.

NO porque mantiene a la Unión Europea como una coalición económica en la que no se establece un espacio común de derechos sociales, quedando expresamente excluidas de la competencia de la UE materias como salarios, derecho de sindicación, huelga y cierre patronal, dando clara muestra de la protección minuciosa de los criterios económicos y del manifiesto abandono de los derechos de los trabajadores.

NO porque todo el entramado institucional europeo sigue girando en torno a una Política Agraria Comunitaria (PAC), cuyo modelo productivista-consumista antepone la globalización salvaje del comercio alimentario a cualquier consideración social, ecológica, territorial, de seguridad alimentaria o, simplemente, de solidaridad entre los pueblos.

NO porque el modelo agrícola comunitario que se consagra en este Tratado supone para Canarias la inevitable desaparición de la agricultura tradicional. Además, hace imposible que la agricultura ecológica sea rentable, que se plantee siquiera la lucha contra la desertización o que se pueda impedir la introducción creciente de productos transgénicos. Sólo nos quedará el monocultivo del turismo de sol y playas hasta que cualquier avatar exterior nos lleve al caos económico de otras épocas de nuestra historia.

NO porque este Tratado Constitucional construye muros legales y raciales, dando un trato indigno a los inmigrantes de los países empobrecidos por siglos de colonialismo depredador y por dictaduras títeres al servicio de las multinacionales y de las potencias occidentales. Muros económicos de carácter proteccionista frente a los países pobres. Y muros que violan los derechos humanos al discriminar a las personas en razón de su lugar de nacimiento.

NO porque es un tratado militarista que, no sólo no rechaza explícitamente la guerra, sino que exige de cada uno de los Estados miembros el refuerzo de sus capacidades militares. Institucionalizando una "Agencia Europea de Armamento, Investigación y Capacidades Militares" y manteniendo los compromisos contraídos en el marco de la OTAN, que pasa a ser el eje de la defensa europea.

La falta de conocimiento de la realidad de la Unión Europea por parte de amplios sectores sociales permite a partidos, organizaciones empresariales y algunos sindicatos, defender la idea de una Europa benefactora que la realidad desmiente. Es necesario explicar los verdaderos contenidos del Tratado Constitucional Europeo para que el pueblo canario tome conciencia de que su voto en el próximo referéndum debe ser NO, al igual que dijimos NO a la OTAN en 1986.

Por todo ello, llamamos a organizaciones políticas y sociales, a colectivos y ciudadanos a sumarse a la campaña por el NO al Tratado Constitucional Europeo en el referéndum de febrero.