La manifestación desarrollada ayer en Santa Cruz ha constituido un gran éxito para sus organizadores y viene a ser, a nuestro juicio, una llamada de atención sobre la actuación de la clase política en su conjunto, pese a que este multitudinario acto popular concitó no sólo a los contrarios a la construcción del puerto industrial de Granadilla, sino también a sectores opuestos al Plan General de Santa Cruz, a la marina de Valleseco, al cierre del anillo insular, a las obras previstas en Las Teresitas y, en general, a todo proyecto que altere el statu quo insular en materia de infraestructuras.

Quienes así piensan, y además públicamente lo hacen patente, tienen, como es lógico, la legitimidad que les otorga el amplio marco constitucional que a todos ampara y que respalda el derecho de manifestación, además del propio deseo de discrepar. Ahora bien, la heterogeneidad de la protesta -tanto en la extracción de sus participantes como en los gritos y eslóganes coreados y pancartas exhibidas- cuartea inevitablemente, siquiera sea de manera tangencial, el fin último que se proclamaba: contra el puerto de Granadilla.

Dicho esto, a nadie en su sano juicio le debe quedar duda de que, con o sin discrepancia, con o sin demostración popular, corresponde a las autoridades elegidas por el pueblo y no a los manifestantes -que en todo caso, eso sí, expresan un punto de vista tan respetable como aquel del que discrepan- el legítimo derecho de guiar los destinos de los tinerfeños y poner en marcha los acuerdos adoptados por las instituciones que a todos representan.

Lo cierto es que no se puede gobernar a golpe de manifestación -ningún Gobierno democrático lo aceptaría, si quiere ser consecuente con su propia legitimidad-, ni se puede pretender ir más allá de la expresión pública de un sentimiento, un deseo, una postura o una determinación responsable y respetuosamente expresada, como es el caso, pues ciertos insultos, novelerías coyunturales y expresiones fuera de lugar no restan credibilidad a la manifestación de ayer. No obstante, las acusaciones que se oyeron sobre corrupción, desvío de fondos, especulación salvaje, etcétera, es preciso, por el bien de todos, demostrarlas ante los jueces o en otro caso callar, porque puede dar la impresión de que vivimos en una selva jurídica donde todo vale y el pueblo es mero instrumento utilizable tan sólo de cara a las urnas.

Y es ahí, precisamente, donde queremos detenernos porque puede que en esa instrumentalización radique el fondo del problema, envuelto en desconfianzas y desencantos evidentes hacia la política y los políticos por su actuación a veces tardía, poco transparente y hasta cobarde. Una sociedad madura, plural y compleja como la nuestra necesita que sus dirigentes estén más atentos al sentir colectivo y atiendan con premura y naturalidad las demandas de la opinión pública para que ésta reciba información puntual, veraz y amplia acerca de los problemas que le ocupan y le preocupan. Porque discrepar y debatir sin fundamentalismos utópicos no son antónimos sino enriquecedores modos de obrar y colaborar en los intereses colectivos.

Tras la manifestación de ayer no debe quedar la mera sensación de éxito para unos y fracaso para otros. Los éxitos y los fracasos son de todos, de la sociedad en su conjunto. Y el puerto de Granadilla, como en general las grandes obras de infraestructura pendientes en Tenerife, precisamente se planificaron hace ya años pensando en el beneficio de todos, como reiteradamente ha quedado demostrado y aquí hemos reiterado con profusión. Por eso seguimos pensando que deben seguir adelante, con todas las consecuencias, porque ese es el sentir ampliamente mayoritario; de las instituciones y también del pueblo llano.