Memoria histórica e indignidad

 

Justo Fernández Rodríguez

 

La polémica abierta por la intención del juez Garzón de reclamar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura ha originado una respuesta de descalificación global de los dirigentes del PP y los medios de comunicación que los apoyan, controlan o pretenden dirigirlos. Manuel Fraga ha ido más allá: "Del otro lado hubo muchas mas barrabasadas, como es absolutamente obvio".

 

Manuel Fraga, entusiasta ministro franquista, partidario de La Ley de Depuración de Empleados Públicos, por la que se suspendió a todos los funcionarios que no se adhirieron al bando franquista, especialmente maestros y profesores; que firmó sentencias de muerte y gritaba "la calle es mía", defendiendo la brutal actuación de la Policía Armada y la Brigada Social contra intelectuales, sindicalistas y trabajadores, con víctimas mortales, fundó el Partido Popular y continúa siendo presidente honorario del Partido Popular.

 

La ofensiva contra Garzón y las familias de cientos de miles de desaparecidos, encabezada por los sectores neofascistas del PP, ha tenido una figura que puede batir todos los récords de cinismo personal y político. Pedro J. Ramírez, después de calificar la acción del juez de "truculenta garzonada", lo ha acusado, pese a sus excelentes relaciones cuando pretendían acabar con Felipe González, de "orientar sectariamente la justicia en una única dirección ideológica".

 

Las hemerotecas son un problema para quienes, digan lo que digan, siempre pretenden tener razón. En 1998, El Mundo, en su editorial (11-12-98), consideraba el procesamiento de Pinochet por el juez Garzón, acusado "de la desaparición y muerte de cerca de 5.000 personas, de la tortura de 50.000 y de la detención arbitraria de 300.000", como una "noticia histórica", porque cubría "el vacío de un tribunal penal internacional".

 

Nueve meses más tarde, cuando Garzón dictó auto de procesamiento contra 98 militares y policías argentinos, el editorial de El Mundo (3-11-99) consideraba que "la posibilidad de que toda violación de los derechos humanos sea perseguida no puede sino ser considerada positiva". ¿Por qué ha cambiado de criterio?

 

La Memoria Histórica, hasta ahora, ha sido una especie de tormento añadido para los familiares de los asesinados o desaparecidos. Viven en pueblos, ciudades o capitales donde las estatuas, escuelas o instituciones; las principales calles, plazas, ramblas o avenidas rememoran a los responsables de los crímenes que caracterizaron la contienda civil, promovida por el fascismo y el militarismo, tan en boga en Alemania e Italia.

 

Sin embargo, los alemanes e italianos, que padecieron la dominación nazi-fascista, no están sometidos al tormento, que dura setenta años, de tener que poner en su carné de identidad, en sus tarjetas de visita o en los remites de sus cartas, los nombres de los responsables de que no hayan podido enterrar a sus familiares asesinados o "desaparecidos". Eso sí que puede considerarse Memoria Histórica.

 

La Memoria Histórica no es una locura del Gobierno actual. Particularmente, hace más de catorce años, publiqué dos artículos, uno en DIARIO DE AVISOS (22-5-94) y otro en El Mundo (27-5-94), en los que reclamaba el derecho de las familias de los "desaparecidos" a saber dónde están sus cuerpos. Lo que sigue, es la transcripción resumida de ambos artículos:

 

"La aparición del cadáver del último alcalde republicano de Los Llanos de Aridane y de otras cuatro personas, torturadas y asesinadas fríamente, durante los primeros días de la Guerra Civil, ha conmocionado a muchos ciudadanos, como me ha sucedido a mí.

 

Meses de excavaciones de los tres hijos del alcalde, después de una extraña revelación antes de morir, dieron como resultado el descubrimiento de la fosa común en la que se encontraban cinco cadáveres con balas en el cráneo. El lugar donde aparecieron los cadáveres coincide con la zona en que sus familiares, amigos y conocidos suponían.

 

Pese a los riesgos de represalias, algunos ciudadanos vigilaban por las noches los alrededores de la cárcel y sabían cuándo sacaban presos para ser asesinados. Vecinos de Tajuya, Las Manchas o Los Charcos confirmaban que la tenebrosa caravana había pasado por allí. En Fuencaliente, unos kilómetros más allá, nadie vio pasar los coches.

Es lógico que muchas personas de Los Llanos de Aridane hayan rememorado aquellos negros días de represión injustificada; de asesinatos inexplicables y de terror permanente de las familias que, con justificación o sin ella, podían ser acusadas de demócratas, republicanas o "de izquierdas". Algunos quieren explicar la furia asesina que se desató en un territorio a miles de kilómetros del frente más cercano en la ira de Franco al conocer que la isla de La Palma fue la única que no se sumó a su asonada, del 18 de julio de 1936, contra el Gobierno republicano, democráticamente elegido.

 

La verdad es que la "resistencia" duró poco. Una semana después, el Canalejas disparó dos cañonazos sobre Santa Cruz de La Palma y las tropas comenzaron a desembarcar, sin que se produjera un solo tiro. Desde pequeño oí contar que al decrépito cañonero, al lanzar su segundo obús, se le abrió una vía de agua y tuvo que ser auxiliado para evitar su hundimiento.

 

Muchos llanenses volvieron a repasar sus recuerdos, extrañándose de la inevitable convivencia de las familias de las víctimas con quienes "el pueblo", en voz baja y temerosa, señalaba como responsables de esas atrocidades.

 

De padres a hijos, de abuelos a nietos, fueron pasando los nombres de los desaparecidos y de los que, con pistola y camisa azul, interrogaban, apaleaban, daban purgantes y cometían toda suerte de tropelías con sus convecinos, sin más causa que un odio irracional, alimentado por resentimientos personales o intereses económicos concretos.

 

Es claro que, 57 años después, no se pueden exigir responsabilidades, y mucho menos reactivar los odios que dieron lugar a tales barbaridades. Es posible, y hasta probable, que los familiares de las víctimas hayan podido perdonar. Pero los ciudadanos no deben olvidar que la ideología y los intereses económicos que dieron lugar a tales atrocidades no han desaparecido. Sé que la transición pacífica, del franquismo a la democracia, fue consecuencia de un pacto político por el que no se pedirían responsabilidades de las actuaciones en la Guerra Civil y en los cuarenta años de dictadura franquista. Pero es preciso mantener la memoria histórica, no para buscar revanchas inútiles e injustas, sino para evitar que puedan volver a repetirse. Pudiera ocurrir que, de tanto pretender olvidar, nuestros hijos o nietos pensaran que ni hubo Guerra Civil, ni se cometieron atrocidades, ni estuvimos sometidos a cuarenta años de dictadura, como pretenden hacer los neonazis y fascistas, negando el holocausto judío".

 

No podemos olvidar. José María Aznar amenaza con reconducir al Partido Popular a sus orígenes de "derecha sin complejos". En Italia, el nuevo primer ministro Silvio Berlusconi continúa su deriva fascista. Hasta su ministro de Defensa, Ignacio La Russa, recientemente, pedía "respeto" para los fascistas de Benito Mussolini que lucharon contra los aliados.