La pregunta formulada en el Senado por Victoriano Ríos sobre la posibilidad de que el Gobierno central estableciera la mediana marítima entre el Archipiélago y la costa africana como fórmula disuasoria sobre las embarcaciones que realicen actividades ilegales en la zona, será contestada por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en el transcurso del próximo pleno del Senado, según las informaciones facilitadas a La Gaceta en fuentes de la cámara alta. En un principio, se anunció que la citada pregunta sería contestada en el pleno que el Senado celebra hoy, pero desde el departamento de Piqué se ha insistido en la "no disponibilidad de tiempo" para aplazar esa respuesta que se producirá, si en esta ocasión la agenda ministerial lo permite, en las sesiones que la cámara celebrará entre los próximos días 13 y 14 de junio, según las mencionadas fuentes consultadas por La Gaceta.

Esta es la tercera vez en los últimos años que, directa o indirectamente, se plantea el tema de las aguas territoriales canarias en la cámara alta, tras las anteriores iniciativas de Miguel Angel Barbuzano y el propio Victoriano Ríos, aunque en esta ocasión sólo se hace referencia al establecimiento de la mediana con fines disuasorios ante fenómenos como el de la inmigración. De todas maneras, la pregunta del senador nacionalista se encuentra inmersa en el mismo campo teórico que las anteriores iniciativas parlamentarias planteadas por los senadores de CC, aunque la pregunta se refiera a un aspecto concreto de la aplicación de la Ley 15/78. Según las distintas informaciones a las que ha tenido acceso La Gaceta, parece que la respuesta ministerial no diferirá de lo que ha sido la "doctrina jurídica" que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha aplicado sobre esta demanda que los nacionalistas canarios han planteado en diversas ocasiones. De acuerdo con las fuentes consultadas por La Gaceta, Piqué repetirá los argumentos utilizados en el 99 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, quien ante una iniciativa del propio Victoriano Ríos sobre las aguas archipielágicas, afirmó que el Gobierno español no podía desarollar las disposiciones de la Ley 15/78 porque son incompatibles con el Derecho internacional vigente.

Parece que la postura de las autoridades españolas sobre la delimitación de las aguas territoriales canarias continúa estratégicamente mezclada con un dogma jurídico que importantes especialistas en la materia consideran como poco fundamentado y excesivamente superficial. Parece que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, no quiere navegar por aguas turbulentas y se apuntará públicamente, desde la tribuna del Senado, a la continuidad doctrinal en el despacho de Santa Cruz. Según las informaciones incluidas en esta misma página, la respuesta que Piqué ofrecerá al nacionalista Victoriano Ríos no diferirá en lo más mínimo del a apuntada hace tan sólo un año por el anterior titular del departamento de Exteriores, Abel Matutes Juan, en la misma cámara alta en la que el martes 13 de junio se negará por terce ra vez la territorialidad de las aguas canarias, Esa piedra filosofal llamada Montego Bay en la que se basan los más conspicuos defensores de la consolidación territorial de Canarias, parece que mantiene también una peculiar espada de Damocles dispuesta a cortar de raíz cualquier planteamiento que intente eludir la rígida formalidad del archipiélago estado.

Desde el ministerio de los asuntos externos se acusa de falta de homologación internacional a la propia legislación española y se señala, sin pirueta dialéctica alguna, que el desarrollo de lo dispuesto en la Ley 15/78 sobre la zona económica marítima es incompatible con el Derecho Internacional vigente y contrario a lo ratificado en la jamaicana Montego Bay. Ese también fue el criterio que mantuvo en su día el subsecretario Máximo Cajal, en los tiempos del ocialismo casi agonizante y antes de la trascendental reforma archipielágica del Estatuto que acabó con el difuso carácter insular de esta norma básica que, tal y como subrayaba el socialista Santiago Pérez, incorpora al bloque constitucional español el nuevo concepto archipielágico de la Comunidad Autónoma. Desde luego, la postura española no se parece en nada a la que han desarrollado Ecuador con Galápagos, Dinamarca con Ferde y Noruega con el Archipiélago de Spitzberg.

Interpretaciones diversas de Montego Bay