Cuando cualquiera de nosotros se sube a un barco o a un avión para viajar entre las islas atraviesa el espacio aéreo o marítimo internacional, salvo que lo haga entre Tenerife y La Gomera o entre Lanzarote y Fuerteventura. Antonio Cubillo se ha cansado de explicar que el Derecho Internacional del Mar fija una forma de medir el mar archipielágico para los archipiélagos-estado y otra distintas para los archipiélagos de (un) estado. Tiene razón Cubillo, aunque extraña que una persona que defiende la revolución mantenga como inamovible esa parte del Derecho, cuando sabe perfectamente que en los años 70 se modificó ese derecho al reconocerse, por la presión de los países No Alineados, el derecho a las 200 millas de zona económica exclusiva.

En este punto, Cubillo hace pinza a Coalición Canaria con Aznar, aunque por intereses bien diferenciados. Cubillo, porque esa definición le sirve para defender que sólo una Canarias independiente puede acceder al control de los recursos de la zona económica exclusiva. Aznar, porque no le interesa que la Comunidad Autónoma extienda la competencia sobre aguas interiores a todas las que se encuentran en el polígono que forman los extremos de las Islas; y que sea a partir de ese punto donde comiencen a medirse las 12 millas de aguas territoriales y las 200 de zona económica. España aprobó su Ley de las 200 millas hace muchos años, pero sigue sin aplicarse.

Para el futuro económico de Canarias es fundamental la delimitación del mar archipielágico como aguas interiores y la fijación de las 200 millas de zona económica exclusiva. Pero para llevar adelante ese proceso hay que modificar principios del Derecho Internacional. Y esa es una acción política que precisa que se involucre el Gobierno central; y éste no lo va a hacer (ni con PP ni con PSOE), salvo que desde Canarias le forcemos a ello.