INTERVIENEN:

• Aitor Sarasola, Alcalde-Presidente de Lezo
• Xabier Zubizarreta, Alcalde-Presidente de Arrasate-Mondragón
• Joseba Agudo, Abogado en el País Vasco de las seis personas solicitadas en extradición

Hemos venido a Venezuela en representación de los 5 Ayuntamientos del País Vasco afectados por la solicitud de extradición contra 6 refugiados políticos vascos residentes en este país.

En primer lugar tenemos que manifestar que en el País Vasco existe una importante preocupación por los acontecimientos habidos en los últimos tiempos y que han tenido como víctimas a ciudadanos vascos.

Nos referimos a la expulsión del refugiado político vasco Bittor Galarza. Una expulsión absolutamente ilegal y que ha supuesto la ruptura, esperamos que excepcional, de la tradición de Asilo que Venezuela ha mantenido para con los vascos que en distintas épocas históricas han buscado refugio en Venezuela.

Nos referimos también a la prohibición de entrada al país de dos empresarios vascos que venían a reunirse con la Fundación La Salle para llevar adelante un proyecto de colaboración.

Finalmente, y este es el motivo que más concretamente nos ha traído a Venezuela, es la preocupación que nos produce el inicio de un proceso de extradición contra 6 ciudadanos vascos refugiados en este país, dos de los cuales son naturales de las localidades de las que nosotros somos alcaldes.

Lo primero que tenemos que destacar es que por encima de las diferencias políticas existentes en nuestro País, todas las fuerzas políticas vascas se han manifestado en contra de estas extradiciones y a favor de que estas personas puedan seguir viviendo en paz en Venezuela. Incluso en el único Ayuntamiento en el que la moción

Como resumen de la moción que ha sido aprobada en los ayuntamientos queremos destacar los siguientes aspectos:

• El carácter político e histórico del conflicto que enfrenta a nuestro Pueblo con los Estados español y francés. Un conflicto que se remonta a cientos de años y que surge de la negativa de ambos Estados a reconocer el Derecho de los vascos a decidir libremente su futuro.
• El carácter político en consecuencia, de las personas que se ven obligadas a abandonar el País Vasco y buscar refugio en terceros países, entre las que se encuentran los seis vascos para los que el Gobierno español ha solicitado la extradición a Venezuela.
• La demanda al Gobierno de Venezuela para que, desde el respeto al carácter político de estos refugiados y manteniendo una actitud de neutralidad ante el conflicto, no se deje implicar en una estrategia de represión impuesta por el estado español y mantenga su tradición de asilo para con los perseguidos políticos en general y los vascos en particular.
• La represión jamás ha sido un camino para buscar soluciones, al contrario, lo que hace es alargar y radicalizar los conflictos, sin embargo el diálogo político en búsqueda de soluciones democráticas es la única fórmula para llegar a una paz justa y duradera.

Es desde esa voluntad que reclamamos de Venezuela el respeto al derecho de Asilo para unos vascos que lo único que pretenden es rehacer su vida aquí.

Recordemos que estas seis personas son:

KOLDO OLALDE AZKOITIA

RICARDO URTEAGA AZKOITIA

EUGENIO BARRUTIABENGOA ARRASATE-MONDRAGÓN

ANGEL ALDANA MUXIKA

MARTÍN SAN SEBASTIÁN ANOETA

LORENZO AIESTARAN LEZO

Como abogado designado por las familias del País Vasco para realizar el seguimiento de las demandas de extradición contra estos seis ciudadanos vascos, hemos de decir que estas solicitudes de extradición son inaceptables desde el punto de vista jurídico.

Tras analizar la documentación enviada por las autoridades del estado español, nos vemos en la obligatoriedad de manifestar lo siguiente:

1.- Que en ninguno de los casos se ha enviado prueba alguna que acredite que estas personas son responsables de los hechos que se les imputa.

2.- Que no se han enviado pruebas porque no las hay. La únicas evidencias que pueden apuntar a la responsabilidad de estas personas son declaraciones policiales obtenidas bajo tortura de militantes independentistas vascos.

3.- El abuso de derecho es total y como ejemplo dos casos: en una de las solicitudes, las autoridades españolas rechazaron continuar con la petición de extradición en el año 1988; en otra de las solicitudes, la única en la que mandan una supuesta prueba, ésta resulta ser la de una persona que se arrepiente de acciones que ha cometido y que manifiesta su voluntad de colaborar en todo lo que pueda con las autoridades policiales del Estado español, sabiendo que con ello contribuye a su excarcelación y a los beneficios que el estado otorga a este tipo de personas.

Más allá de las peticiones concretas, del detalle, hemos de tener en cuenta que en el estado español no se cumplen las garantías mínimas exigibles a un Estado de derecho, en tanto en cuanto, se tortura a las personas detenidas con relación a la causa independentista vasca, los testimonios obtenidos bajo tortura son utilizados como prueba en los procedimientos judiciales, los prisioneros políticos vascos, se encuentran alejados a cientos o miles de kilómetros de su lugar de origen contraviniendo la propia legislación del estado español e internacional, la situación de vulneración de derechos humanos en las cárceles del Estado español es conocida en todo el mundo, etc.

No hemos de olvidar tampoco, la represión que sufrimos continuamente las personas que trabajamos en el ámbito social, cultural y político en el País Vasco.

Por último, hemos de mencionar que estas personas llegaron por acuerdos de gobiernos del estado español y venezolano realizados durante la década de los 80, por lo que no entendemos y consideramos inadmisible, que después de que estas personas se hayan integrado en la vida social y cultural de este país, corran el peligro ahora de ser extraditadas.

Es por todo ello, que consideramos inadmisible que haya la más mínima posibilidad de que puedan ser extraditados. Son personas que llevan años viviendo en Venezuela, que se han casado aquí, que tienen hijos e hijas, que se han integrado en este país, etc.

Por último, dentro de la gran preocupación que viven sus familiares en el País Vasco así como sus familiares en Venezuela, queremos hacer hincapié en la cuestión de la falta de doble instancia en el procedimiento de extradición, cuestión que atenta contra el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 así como otras normas internacionales y nacionales.

Para finalizar, quisiéramos recordar el caso de Bittor Galarza, ciudadano vasco expulsado de Venezuela el pasado 1 de junio de 2002, cuya deportación fue totalmente ilegal y que está encarcelado en la prisión de Valdemoro en Madrid, a más de 500 kilómetros de su lugar de origen (Bizkaia) y a más de 8000 kilómetros de donde viven su mujer e hija.