No cabe ni la menor duda, de que el territorio y el mar de Canarias, incluido su espacio aéreo, son para los canarios, una imperiosa necesidad dentro del ordenamiento jurídico del Estado español. El senador don Victoriano Ríos lleva ya muchos años intentando lo que el Derecho Internacional del Mar, viene negando al Estado español, precisamente lo aprobado por todos los grupos políticos en la Cámara alta, cuando saben que no será aceptado por la Autoridad Marítima de Montego Bay.

Esa es la cruda realidad, e ir por caminos diferentes sólo perjudica los intereses propios de los canarios. En este tema concreto, Madrid deberá plantearse la forma de incluir al archipiélago canario en el Derecho del Mar, del que sólo existe un único camino legal. El Senado o el Parlamento español no pueden legislar unilateralmente, cualquier alteración de los espacios marítimos contemplados en un Tratado Internacional firmado por España, el señor Ríos, quiere hacer la casa por el tejado, y no es así. Las cosas serias hay que hacerlas con claridad, constitucional y transparencia democrática. Lo que el senador ha conseguido es confundir aún más a la ciudadanía. Cosa habitual en la coalición política a la que pertenece. Canarias, con el actual Estatuto de Autonomía, no puede tener competencias desde la línea de costa hacia el interior del océano, las aguas jurisdiccionales son competencias exclusivas del Estado español, por lo que su proposición de Ley carece de solidez ante la propia Constitución. Otra cosa sería que se modificase el Título VIII de la Constitución en la misma línea que Portugal ha legislado para sus territorios archipelágicos. Lo verdaderamente trágico del señor Ríos, es que el Estado español tampoco puede tener competencias más allá de las doce millas de cada isla.

El señor Ríos sabrá lo difícil que ha sido, en los últimos 50 años, lograr un consenso que regulara los espacios marítimos de todos los estados. Sin embargo, en las condiciores actuales, existe una forma legal con la actual situación jurídica, pero Coalición Canaria, ni nadie con representación parlamentaria, tienen el valor suficiente para iniciar dicho proceso. Nadie en CC tiene el valor para reconocer que tenemos un-Estatuto de Autonomía limitado, cuando la realidad es que no gobernamos, administramos la parte que nos permiten. ¿Acaso el Gobierno canario puede conceder sin autorización de Madrid, el crecimiento y la expansión de empresas canarias en el exterior? La creación de flota pesquera, la Hacienda canaria y otras de interés para Canarias. Todo ello sin que se tenga pasar por el filtro del Gobierno central.

¿Es que acaso dejamos de ser españoles, si planteásemos reivindicar un Estatuto con contenido político-administrativo, íntegramente canario. Termino afirmando que sólo existe un camino para que nuestro territorio y nuestro mar sean respetado como una región del Estado español y por consiguiente de la UE, dentro del Tratado Internacional del Mar. Y no es otro, que el de una plena Autonomía interna.

(Las Palmas de Gran Canaria)